Compara rutas con los mismos requisitos.
Evalúa estandarización, extensibilidad, integración, localización por país, gobierno de cambios y operación cloud. La ruta pública valida ajuste a procesos disponibles; la privada exige claridad de arquitectura y responsabilidades.
Planifica la convivencia antes de migrar.
Define origen de maestros, transición de documentos abiertos, consulta histórica y conciliación contable. Si el despliegue es por entidad, documenta transacciones entre entornos y responsables de excepciones.